Corte Constitucional reitera la relación que existe entre la pensión de invalidez y el derecho al mínimo vital
En una reciente sentencia la Corte Constitucional protegió a un ciudadano a quien se le negó el pago de la pensión de invalidez, pese a contar con una pérdida de capacidad laboral superior al 60%, de esa manera también reiteró la estrecha relación que existe entre la pensión de invalidez y el derecho al mínimo vital, en especial cuando están de por medio sujetos de especial protección como lo son las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, la Corte reiteró que la jurisprudencia ha establecido que ?el hecho de que el pago de la reserva actuarial se dé con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez constitucionalmente no impide que los tiempos de servicio, afectados con la omisión de afiliación y prestados con anterioridad a la referida fecha de estructuración, sean tenidos en cuenta al momento de verificar el cumplimiento de la densidad de cotizaciones legalmente exigido?.
Por otro lado, la Sala llamó la atención a Colpensiones, debido a que está aplicando un concepto como fundamento para negar el reconocimiento y pago de pensiones de invalidez a pesar de que en la Sentencia T-234 de 2018 se advirtió que este ?no se encuentra ajustado a la ley? puesto que desconoce los principios de universalidad, integralidad, unidad y eficiencia que rigen el Sistema General de Seguridad Social según la Ley 100 de 1993 y el artículo 48 de la Constitución.
Asimismo, resaltó que la jurisprudencia ha destacado que los periodos pagados en virtud de un cálculo actuarial deben ser tenidos en cuenta para todos los efectos pensionales, incluso si el pago se efectuó con posterioridad a la fecha de estructuración de la invalidez.
En el caso concreto, la Corte previno a Colpensiones para que evite imponer requisitos adicionales a los previstos en la ley para el reconocimiento de las prestaciones del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones. Asimismo, le ordenó reconocer y pagar la pensión del accionante.
M.P. José Fernando Reyes Cuartas
Corte Constitucional Boletín 128 del 23 de julio de 2024.