Tener el derecho, saberlo pedir y que se lo quieran dar II

firmábamos en aquella ocasión que el título que cobija este artículo tuvo su origen en la España del Siglo XIII, y se dice que fue acuñada por "Alfonso X El Sabio", y ha sido repetida por los grandes maestros del derecho. En una de sus primeras clases uno de ellos decía a sus alumnos: "Jóvenes, si quieren conocer las tres reglas del Derecho, pongan atención, pues al practicar la profesión las van a tener muy en cuenta. Imagínense un triángulo equilátero; en el frontispicio del triángulo se encuentra la ‘Primera Regla’ que es conocer el Derecho, pero luego de leerlo mucho y saberlo estudiar. Hay que llegar a conocer bien el Derecho. La ‘Segunda Regla’ la colocamos en una de las esquinas de abajo del triángulo, a la derecha, es saberlo pedir ya sea en forma oral o por escrito, que sea oportuno y en tiempo, pero repito, saberlo pedir, ser claro y preciso especialmente en la parte petitoria; y la ‘Tercera Regla’ la colocaremos en la esquina izquierda y es sencillamente que el juez lo quiera reconocer o dar. Si el juez no te lo reconoce en sentencia, o en una resolución definitiva, de nada sirven las dos primeras reglas. Con estas tres reglas van a practicar el Derecho".

Mi apreciado señor rector de la “ciudad musical de Colombia”, conforme al artículo 13 de la Ley 1755 de 2015: “Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo”. Por lo expuesto, la acción constitucional fue correcta. Hablando de un tema parecido, cuando una persona radica una orden expedida por el médico ante la EPS, se entiende que ésta se fundamenta en el derecho de petición, por lo tanto, si pasados 15 días, no se ha autorizado la misma, se puede interponer una acción de tutela, sin ningún otro requisito.

Apreciado Samir del puerto petrolero de Colombia. Según el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, “Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Sin embargo, están sometidas a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción”.

Apreciada rectora de la "capital de la sabana", la solución de su consulta, está en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, la cual establece que: "Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos señalados en la ley, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto".

Estimada monguiseña de sugestivo nombre; como lo establece el parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1755 del 2015: “Ninguna autoridad podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas”. Caso contrario podrá acudir ante el ministerio público (personería municipal), para interponer la queja y radicar el documento. Además, debe tener en cuenta que las secretarías de educación tienen una función habilitada para recibir electrónicamente peticiones, memoriales o quejas a través del Sistema de Atención al Ciudadano (SAC) función establecida en la página web de cada secretaría.

Mi querida Silvina del el “portón de la frontera”. En el primer caso, es decir, cuando es irrespetuosa, esta puede ser rechazada. En caso que no se comprenda la finalidad u objeto de la petición esta se devolverá al interesado para que la corrija o aclare dentro de los diez (10) días siguientes. En caso de no corregirse o aclararse, se archivará la petición. En caso que la petición sea reiterativa la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores, salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieren negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane. Lo anterior está contemplado en el artículo 19 de la Ley 1755 de 2015.

Estimado profesor de la ciudad señorial. Como lo establece el artículo 20 de ley anteriormente citada, las autoridades deben dar atención prioritaria a las peticiones de reconocimiento de un derecho fundamental cuando deban ser resueltas para evitar un perjuicio irremediable al peticionario, quien deberá probar sumariamente la titularidad del derecho y el riesgo del perjuicio invocado. Cuando por razones de salud o de seguridad personal esté en peligro inminente la vida o la integridad del destinatario de la medida solicitada, la autoridad adoptará de inmediato las medidas de urgencia necesarias para conjurar dicho peligro, sin perjuicio del trámite que deba darse a la petición.

Efectivamente señor rector de sonoro nombre proveniente del latín: "Deus donatus"; como lo establece el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, en estos eventos la ley les da el trato de documentos reservados, motivos por el cual, está correcto su proceder.

Apreciado rector de la “ciudad de los parques”. Como lo establece el artículo 31 de la Ley 1755 de 2015, la falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario.

Efectivamente mi apreciado docente del “rio de guaduas” como traduce el nombre de esa ciudad; como lo establece el artículo 32 de la ley antes expuesta, toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes. En el mismo sentido este derecho también podrá ejercerse ante personas naturales cuando frente a ellas el solicitante se encuentre en situaciones de indefensión, subordinación o la persona natural se encuentre ejerciendo una función o posición dominante frente al peticionario.

Valga resaltar que ninguna entidad privada podrá negarse a la recepción y radicación de solicitudes y peticiones respetuosas, so pena de incurrir en sanciones y/o multas por parte de las autoridades competentes.

¡Al que no lo pide, no se lo dan ¡ Nos vemos la próxima.