El acoso sexual y otros delitos sexuales en el ámbito escolar.

El acoso sexual en el ámbito escolar constituye una problemática de alta relevancia en la actualidad, no solo por las graves implicaciones para la integridad y dignidad de las víctimas, sino también por las consecuencias disciplinarias, civiles y penales que enfrentan los responsables. Este artículo examina las dimensiones legales del acoso sexual en contextos educativos, abordando el marco normativo aplicable y las responsabilidades de las instituciones y sus miembros.

1. Definición y elementos del acoso sexual en el contexto escolar:
El acoso sexual, según la legislación penal colombiana, se define como "el que, en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años)" (Artículo 210-A, Código Penal. Adicionado L. 1257 de 2008 art. 29).

Y según lo ha definido la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal: "(...) para la estructuración del tipo penal en cuestión se requiere de la habitualidad o permanencia de las conductas dirigidas a los fines sexuales no consentidos, lo que se desprende de los verbos alternativos previstos para su realización: «acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente».

De manera que su caracterización se encuentra definida por la presencia de unas situaciones típicas que, en modo alguno, pueden responder a una conducta aislada sino a una actividad persistente, incesante y continua, tendiente a doblegar la voluntad de la víctima, sin que en ese propósito, importa resaltarlo, sea relevante que se logre o no la finalidad perseguida, puesto que se trata de un delito de mera actividad que no requiere para su consumación del resultado en lo que al cometido sexual respecta." (Sentencia SP834-2019)

En la misma sentencia. la Sala de Casación Penal precisó "Desde luego, es posible advertir que el bien jurídico tutelado –libertad, integridad y formación sexuales-, puede verse afectado con un solo acto, manifestación o roce físico, pero se entiende que para evitar equívocos el legislador, dado que aplicó un criterio bastante expansivo de la conducta, estimó prudente consagrar punibles solo los actos reiterados, persistentes o significativos en el tiempo, y así lo plasmó en la norma con la delimitación de dichos verbos rectores, compatibles con la noción de acoso".

En el ámbito escolar, esta conducta puede ser cometida por docentes, estudiantes o personal administrativo y suele manifestarse a través de comentarios inapropiados, insinuaciones, contactos físicos no deseados o conductas de naturaleza sexual que pueden llevar a la comisión de un delito más grave como lo es los actos sexuales abusivos (inducir a prácticas sexuales o realizar actos sexuales en presencia física o virtual de la víctima).

2. Un beso en la boca por parte de un docente a un alumno podría constituir un acto sexual abusivo:
La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en la Sentencia SP-7842021 (57864) del 10 de marzo de 2021, enfatizó que los comportamientos como tocamientos en partes íntimas, besos en la boca o actos similares dirigidos a menores de edad no pueden considerarse simples injurias de hecho. Estas acciones, según el alto tribunal, están claramente destinadas a vulnerar la integridad sexual de la víctima, quien, debido a su inmadurez y corta edad, no está en capacidad de comprender plenamente la naturaleza y las consecuencias de tales actos.

La Corte precisó que estos comportamientos no se enmarcan en expresiones afectuosas hacia el menor, sino que constituyen acciones inequívocamente lujuriosas, orientadas a satisfacer los impulsos sexuales del agresor. Además, destacó la condición de especial vulnerabilidad de los menores y su incapacidad para disponer libremente de su sexualidad, lo que impone a la sociedad y al Estado la obligación de brindarles una protección reforzada frente a este tipo de conductas.

3. Es posible cometer agresiones sexuales diferentes al acceso carnal sin tocar a la víctima:
Las agresiones sexuales que no implican acceso carnal pueden presentarse mediante el uso de medios virtuales, como internet y redes sociales, cuando el agresor utiliza amenazas para obligar a la víctima a realizar actos de índole sexual. La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la Sentencia SP-45732019 (47234) del 24 de octubre de 2019, precisó que, aunque no haya contacto físico, la presión ejercida para que la víctima, bajo amenaza, permita ser fotografiada o grabada desnuda o realizando actos sexuales configura el delito de acto sexual violento, sancionado con pena de prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años (Art. 206, Código Penal. Modificado Ley 1236 de 2008 art. 2).

En el ámbito escolar, un docente que utiliza su posición de autoridad para amenazar a un estudiante con reprobarlo en una asignatura si no accede a pretensiones de índole sexual incurre en un grave abuso de poder. Este tipo de conductas constituye una forma de violencia psicológica que busca someter la voluntad del menor mediante el temor a represalias académicas. La amenaza, aunque no implique contacto físico, es suficiente para configurar el delito de acto sexual violento, dado que la coacción altera la libertad sexual del estudiante y lo somete a una situación de vulnerabilidad extrema.

4. Repercusiones disciplinarias:
En el contexto disciplinario, el acoso sexual se tipifica como una falta grave que atenta contra la dignidad humana, las normas de convivencia y los principios éticos que deben regir el entorno educativo.

En el marco del derecho disciplinario, los docentes y el personal administrativo de las instituciones educativas tienen la obligación de mantener un comportamiento acorde con los principios éticos y los derechos fundamentales de los estudiantes. Según el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019), los actos de acoso sexual configuran faltas gravísimas que pueden acarrear sanciones como la suspensión o destitución del cargo.

Es necesario que todas las instituciones educativas implementen protocolos claros de prevención, investigación y sanción de este tipo de conductas. Entre las medidas preventivas destacan las capacitaciones en sensibilización y formación en derechos humanos y equidad de género, en las cuales deben contar con la asistencia de abogados especialistas en derecho penal, civil y disciplinario.

5. El acoso sexual también puede generar responsabilidades en el ámbito civil:
El acoso sexual también genera responsabilidades en el ámbito civil. El responsable, al vulnerar los derechos fundamentales de la víctima, está obligado a indemnizar los daños ocasionados. Estas indemnizaciones pueden incluir:

Perjuicios materiales: Gastos médicos, psicológicos y otros costos relacionados con la afectación sufrida.
Perjuicios inmateriales: Daño moral, sufrimiento emocional y secuelas psicológicas.

Además, las instituciones educativas podrían ser consideradas solidariamente responsables si no adoptaron medidas adecuadas para prevenir o atender estas conductas, conforme a los principios de la responsabilidad civil.

6. Repercusiones penales:
Desde la perspectiva penal, el acoso sexual en el entorno escolar puede agravarse debido a la relación de poder existente entre el agresor y la víctima. Cuando el agresor es un docente o directivo, la ley considera esta condición de autoridad como un factor agravante que incrementa la pena en una tercera parte a la mitad (Artículo 211, núm. 2, Código Penal. Modificado L. 1236 de 2008 art. 7). El delito de acoso sexual puede derivar en otras conductas más graves, como actos sexuales abusivos, sancionado con pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años (Art. 209, Código Penal. Modificado L. 1236 de 2008 art. 5). Las instituciones educativas deben garantizar que estos casos sean denunciados y los responsables judicializados de manera oportuna, protegiendo siempre a las víctimas.

Conclusiones
El acoso sexual en el ámbito escolar exige una respuesta integral desde las perspectivas disciplinaria, civil y penal. Las instituciones educativas, además de ser escenarios de aprendizaje, deben ser espacios seguros y respetuosos de la dignidad humana. Es fundamental que las autoridades educativas implementen mecanismos efectivos de prevención, denuncia y atención que promuevan una cultura de respeto y garantías.

En conclusión, abordar esta problemática no solo es una obligación legal, sino también un imperativo moral para proteger a los estudiantes y garantizar un entorno libre de violencia y vulneraciones a sus derechos fundamentales.