La salud del magisterio un asunto de vida

Con lo que se ha vivido en esta materia desde el 1 de mayo hasta la fecha y contando, no queda ninguna duda que se necesita una reforma estructural del sistema de salud del magisterio, teniendo como soporte la Ley 91 de 1989, en tanto régimen especial, porque el trabajo docente tiene la particularidad de pensarse y realizarse, práctica pedagógica, en los escenarios de las confluencias entre las personas, es decir, en el campo de las relaciones entre sujetos sentipensantes que, como tales, son irreductibles a cosas. Asimismo, la educación es un proceso de formación integral, personal, social y cultural, con el propósito de potenciar la participación de todos en la construcción de las condiciones que garanticen la universalización de la vida con dignidad y el cuidado de la naturaleza. Esta labor pedagógica es compleja y mantiene en riesgo la salud psicofísica de los docentes, entendiendo los contextos escolares afectados por las condiciones sociales, culturales, económicas, además de la guerra, la inseguridad, las violencias y las particularidades de cada ser humano.

El derecho fundamental de la salud es la otra columna arquitectónica que se debe tener en cuenta para mejorar el sistema del cuidado de la salud del magisterio, sus familias y de todos los habitantes del país. La finalidad de cualquier cambio en los modelos de salud debe ser crear las condiciones para que la gente pueda disfrutar del vivir bien en los campos de la prevención y los cuidados curativos de las enfermedades. Que estos sean pertinentes, oportunos y con el personal científico, médico y paramédico idóneos y los dispensarios de medicamentos con suficiencia, disponibilidad y al alcance de los usuarios, en todos los niveles de complejidad de los procedimientos de la sanidad. Sin embargo, lo que estamos viviendo en estas y otras materias desde el 1 de mayo es todo lo contrario.

El gobierno y las entidades administrativas del sistema de salud del magisterio FOMAG (Ministerio de Educación, Ministerio de Hacienda, Ministerio del Trabajo, más dos delegados de Fecode) y Fiduprevisora (Fiducia donde el Estado tiene más del 90% del capital, que depende del ministerio de hacienda y crédito público)- han violado estos principios sustanciales en la implementación transicional hacia un posible nuevo modelo el cual, hasta ahora, ha sido peor el remedio que la enfermedad. A pesar de tener una prórroga de 6 meses (1 de noviembre/23 al 30 de abril/24), no hubo monitoreo del proceso y cortes de fecha para verificar el estado del arte o grado de avance de este y así poder definir si se validaba o no su inicio el 1 de mayo o, en su defecto, se organizaba un período de transición o se establecían niveles y fases de implementación por regiones.

Por el contrario, obcecada e irresponsablemente se embarcó al magisterio y sus beneficiarios en un asunto donde ha prevalecido la impericia y la improvisación, el descuido y la puesta en juego de la salud y la vida de los maestros. Se han presentado todo tipo de excusas: que en la Fiduprevisora está enquistada la corrupción, que en la contratación se ha organizado una red de negocios y desvíos billonarios con los dineros públicos del magisterio, a pesar de esto, no conocemos ninguna denuncia y, por el contrario, se le otorgó todo el poder a esta entidad y que la base de datos del magisterio está refundida, cuando por ley esta debe estar en poder de la Fiduprevisora, quien es la única facultada para modificarla. No hay un estudio académico y de política pública previo, responsable y serio. Todo se pensó y se hizo con afán y bajo el dicho popular de que "en el camino se arreglan las cargas" y, en consecuencia, la atención médica, los procedimientos y los dispensarios de medicamentos colapsaron. Incluso, algunos equívocamente descargan las culpas del enredo que estamos soportando en el régimen especial. A estos hechos se agrega la evasión de responsabilidades, el caudal de conveniencias burocráticas y los señalamientos en contra de quienes reclaman, con razón, efectividad y respuestas claras al derecho fundamental de la salud, entre otras situaciones dudosas, que es posible leer en las intervenciones y respuestas oficiales del debate público y de control político en el Congreso.

Lógico que respaldamos el cambio, que estamos por superar las deficiencias vividas con la prestación del servicio de salud y avanzar a uno mejor donde, además de la detección temprana, la promoción y la prevención, se erradique la intermediación financiera, la integración vertical, la ineficacia y el afán de lucro y negocio a costa de la salud y la vida de nosotros.

En el campo sindical, varios hechos han oscurecido el debate y la participación de Fecode y sus sindicatos filiales en estos sucesos relacionados con los cambios en la salud de los maestros. Uno, la creencia de algunos líderes, de que "somos gobierno". Dos, la actitud política de unos directivos, de estigmatizar como miedo al cambio, a las posiciones que, estando por las transformaciones sociales, hemos mantenido un distanciamiento crítico frente a algunas decisiones gubernamentales. Estas situaciones han opacado el discurso por el cambio y ponen en entredicho la independencia y autonomía del sindicato como organización de los trabajadores para defender sus derechos y conquistar mejores condiciones de bienestar social. La crítica hay que revitalizarla con el propósito de que se apueste a la mejor opción con el mínimo margen de error y realmente contenga la capacidad de no repetir las fallas del sistema que se pretende erradicar. Los hechos de movilización se están dando desde las bases y las regiones, no en contra del gobierno del cambio, sino por la situación de riesgo de la salud de los maestros.

Consideramos que esta coyuntura es el momento para no retroceder y, por el contrario, plantearnos la necesidad de superar los obstáculos. Urge la concentración rápida y dinámica de la dirigencia sindical magisterial para pensar en los pasos a seguir y esto pasa por: uno, la exigencia al gobierno nacional de que en tiempo mínimo perentorio resuelva la atención digna de salud al magisterio; dos, la creación inmediata de una red de veeduría sindical a la prestación de la atención médica, los procedimientos de complejidad de segundo, tercer nivel y los dispensarios de medicamentos, pero, de igual forma que las juntas directivas y el ejecutivo de FECODE direccionen la información para trazar mecanismos de exigencia al gobierno en la solución inmediata; tres, elaborar una propuesta de reforma alternativa que responda a las aspiraciones saludables del magisterio y con el apoyo de la academia; cuatro, recordamos nuevamente, que esta situación sea la oportunidad para idear y llevar a cabo un observatorio de la salud del magisterio. Y cinco, convocar a la movilización nacional, si no hay solución inmediata que responda al derecho de una salud digna para el magisterio y sus familias.