Novedades jurídicas para el magisterio
TEMA 1
¿La devolución de saldos podría afectar el derecho pensional?
"...En consideración de las consultas elevadas, en la inmensa mayoría de casos, los saldos y semanas cotizadas por los afiliados a las Administradores de Fondos Privados son esenciales para completar los tiempos o semanas de cotización tanto para el régimen de excepción como para el sistema general de pensiones..."
Los docentes afiliados al FOMAG les corresponde los regímenes derivados del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, elevado a rango constitucional por el Acto Legislativo No. 1 de 2005, modificatorio del artículo 48 de la Constitución Política. Los vinculados por primera vez en el servicio público de la educación antes del 27 de junio de 2003 se rigen por la Ley 91 de 1989, y los nuevos docentes, por el régimen general de pensiones establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, aclarando que la nueva reforma pensional no cobija a este sector.
Para ambos grupos de docentes que también hayan laborado en el sector privado con cotizaciones al antiguo Seguro Social, hoy Colpensiones y a fondos privados, según el Decreto 692 de 1994 podrían utilizar esos tiempos como requisitos para completar las cotizaciones según el análisis de cada caso en particular. Por lo tanto, es importante evaluar las consecuencias antes de optar por la devolución de saldos porque podría afectar los derechos pensionales futuros bajo los regímenes derivados de la aplicación del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, dado que los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Económicas del Magisterio están amparados por un régimen especial que les ofrece ciertas garantías y condiciones especiales, lo que implicaría que aceptar la devolución de saldos ofrecidos por los Fondos Privados derivados de cotizaciones anteriores colocaría en riesgo el derecho a las pensiones. Antes de tomar cualquier decisión se aconseja analizar cuidadosamente las implicaciones de cualquier cambio en la administración de sus aportes para asegurarse que sus derechos pensionales estén completamente protegidos.
En consideración de las consultas elevadas, en la inmensa mayoría de casos, los saldos y semanas cotizadas por los afiliados a las Administradoras de Fondos Privados son esenciales para completar los tiempos o semanas de cotización tanto para el régimen de excepción como para el sistema general de pensiones.
TEMA 2
¿Las cesantías parciales se las puede reclamar anualmente?
"...En consecuencia, las cesantías parciales de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio continuarán pagándose de manera trienal, es decir, cada tres años, hasta tanto el Consejo de Estado tome una decisión sobre el incidente del impacto fiscal solicitado por el Ministerio de Hacienda, previo estudio sobre la alteración de la sostenibilidad económica del fondo..."
Antes de dar la respuesta, se recuerda que las cesantías son una prestación social destinadas como ahorro para alcanzar los objetivos de adquirir vivienda, remodelación, liberación de gravámenes hipotecarios, pago de matrículas por concepto del servicio de la educación y cese definitivo de actividades. En el caso de los docentes oficiales, la liquidación depende de las tipologías de los nombramientos definidos en los artículos 1 de la Ley 91 de 1989 y 2 del Decreto 196 de 1995. De estas y de la fecha de vinculación del docente dependerá las fórmulas de liquidación de cesantías, sean parciales o definitivas:
1. Los docentes nacionales vinculados antes o con posterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 91 de 1989, les corresponde las cesantías liquidadas anualmente con reconocimiento de intereses de acuerdo al DTF certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya tasa efectiva anual para el año 2024 quedo en 9,25%.
2. Para los docentes nacionalizados y territoriales vinculados sin interrupción antes del 1 de enero de 1990, les corresponde la cesantía retroactiva, beneficiosa para los maestros. Los vinculados con posterioridad a esta fecha, sin ninguna distinción de tipologías tienen derecho a cesantías anualizadas, incluyendo intereses anuales.
Según el artículo 5 del Acuerdo No. 34 de 1998 expedido por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la solicitud de cesantías solamente se podía radicar después de los tres años contados a partir de la fecha de pago de la anterior, sin embargo, en un caso particular, el Consejo de Estado, Sección Segunda mediante una sentencia de segunda instancia del año 2016 dentro del proceso radicado (4473-16) suprimió la norma, lo que implicaba que se podía reclamar en cualquier tiempo. Esta decisión incidió para que miles de docentes tramitaran esta prestación antes de los tres (3) años generando un alto volumen de peticiones negadas en la actuación administrativa.
Por solicitud del gobierno nacional a través del Ministerio de Hacienda presentó solicitud de apertura de incidente sobre el impacto fiscal, decidida transitoriamente por el Consejo de Estado mediante Auto de enero 25 de 2021 que expresó:
"...Suspender los efectos de esta sentencia proferida por esta Subsección el 31 de octubre de 2019, dentro del radicado de la referencia hasta tanto se decida, el marco del incidente, sobre la modulación o modificación de sus efectos, de conformidad a lo previsto en el inciso final del artículo 9 de la ley 1695 de 2013..."
En consecuencia, las cesantías parciales de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio continuarán pagándose de manera trienal, es decir, cada tres años, hasta tanto el Consejo de Estado tome una decisión sobre el incidente del impacto fiscal solicitado por el Ministerio de Hacienda, previo estudio sobre la alteración de la sostenibilidad económica del fondo.
Bajo estas condiciones se recomienda a los docentes esperar la decisión que tome la alta corporación en materia contenciosa administrativa, reiterando que, hasta la fecha, solamente se pueden solicitar esta prestación social, después de haber trascurrido tres (3) años contados a partir de la fecha del pago de la cesantía parcial anterior.
TEMA 3
Radicado proyecto de pensión gracia para docentes nacionales
"...Se espera que en el curso del debate del nuevo proyecto se enmiende los errores anteriores, sea avalado por el presidente de la República y se convenza a las mayorías del Congreso para su aprobación..."
El 10 de diciembre de 2024, un grupo de parlamentarios, nuevamente radicó el proyecto de ley con el fin de recuperar la pensión gracia para beneficiar a los docentes nacionales. Este, pretende por vía de autoridad legislativa interpretar al artículo 15, numeral 2 literal A) de la Ley 91 de 1989 relacionado al derecho de los docentes nacionales de disfrutar del reconocimiento a la pensión gracia dando idéntico tratamiento frente a los nacionalizados y territoriales, siempre y cuando demuestren alguna vinculación hasta el 31 de diciembre de 1980, 20 años de trabajo continuos o discontinuos, 50 años de edad y buena conducta en el desempeño del cargo.
Históricamente la pensión gracia fue creada por la Ley 114 de 1913 con destino exclusivo para beneficiar a los educadores oficiales de primaria vinculados por los entes territoriales y así compensar los bajos salarios y la nula seguridad social. Posteriormente, mediante la Ley 116 de 1928 se extendió a los profesores de las escuelas normales y los inspectores de Instrucción pública; finalmente, se promulgó la Ley 37 de 1933 con el objeto de extender este beneficio a los docentes de secundaria. En la etapa inicial de los trámites de pensión gracia, esta fue reconocida indistintamente para todos los docentes oficiales, tanto en actuaciones administrativas como en la judicial con la tesis de que efectivamente la última ley había extendido el derecho a los profesores nacionales.
Es de aclarar que, en principio los costos y la administración del servicio del sector de la educación primaria estuvo en manos de los entes territoriales, y el nivel de secundaria, bajo la responsabilidad de la Nación. Para garantizar la cobertura del servicio y solucionar el problema de la financiación, causa de los bajos salarios y casi nula seguridad social, se promulgó la Ley 43 de 1975 con el objetivo de nacionalizar el servicio en todos los niveles de la educación pública, desde preescolar hasta el nivel medio. La promulgación de las leyes antes citadas generó problemas interpretativos en su aplicación con avances y retrocesos, que culminó con la Sentencia Unificada SU-699 de agosto 26 de 1997, determinando que el régimen normativo que gobierna la pensión gracia no incluía a los docentes nacionales. Con base en esta sentencia, también hizo varios pronunciamientos la Corte Constitucional en el mismo sentido.
Es de recordar que un idéntico proyecto había sido radicado y aprobado en el año 2009, desafortunadamente objetado por el ejecutivo y declarado inexequible por la sentencia C -741 de 2012 proferida por la Corte Constitucional. Las reglas para tomar esta decisión radicaron en que el trámite del proyecto debía ser de iniciativa o avalado en el curso del trámite legislativo por el Gobierno Nacional. La Corporación Constitucional tomó la decisión con fundamento en el mandato de la Carta Suprema que delegó la responsabilidad de la política salarial y prestacional al presidente de la república.
En ese contexto, se espera que en el curso del debate del nuevo proyecto se enmiende los errores anteriores, sea avalado por el presidente de la república y se convenza a las mayorías del Congreso para su aprobación. Actualmente, el grupo de docentes nacionales han tenido que sobrevivir en precarias condiciones, además es minoritario y de avanzada edad, víctimas de una discriminación injustificada, pues si bien es cierto antes de la entrada en vigencia de la Ley 43 de 1975, disfrutaban de condiciones superiores a los docentes territoriales, producto de la aplicación restrictiva de las normas, han quedado en desventaja; por ejemplo, en la actualidad no gozan de la pensión gracia, tampoco de las cesantías retroactivas, los intereses a las mismas son inferiores en comparación con el resto de empleados del nivel nacional, nunca percibieron la mesada compensatoria establecida en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, y los efectos de esta discriminación la han tenido que soportar los miembros del núcleo familiar, agravada por la condición de los bajos montos de la pensión de jubilación.